La interferencia parental y la vulneración del derecho a vivir en familia en los procesos de régimen de visitas durante los años 2020 – 2022

Abstract

El objetivo del estudio fue determinar si la interferencia parental vulnera al derecho a vivir en familia en los procesos de régimen de visitas durante los años 2020 – 2022. Respecto a la metodología empleada, el estudio fue de tipo básico, aplicada y socio jurídica. Su diseño exploratorio, transversal, descriptivo y dogmático jurídico. La muestra estuvo constituida por 66 expedientes judiciales incoados entre los años 2020 y 2022, 73 abogados que litigan ante la CSJT y 2 magistrados y 5 secretarios judiciales de los juzgados de familia de la CSJT. Los procedimientos fueron los siguientes: revisión y análisis de expedientes judiciales, se aplicaron encuestas a abogados y se aplicaron entrevistas a magistrados y secretarios judiciales de los juzgados de familia. Respecto a los resultados, se ha determinado que la interferencia parental vulnera el derecho a vivir en familia en NNA. Esta conclusión se desprende de diversas sentencias judiciales por órganos de justicia nacionales, tales como CAS N° 3767-2015 (Cusco), CAS N° 6417-2016 (La Libertad), CAS N° 5940-2017 (Cajamarca), CAS N° 6342-2019 (Lima Norte), CAS N° 3432-2019 (Lima), CAS N° 4081-2019 (Arequipa), CAS N° 1174-2021 (Lima). Asimismo, 9 de cada 10 abogados encuestados coinciden en afirmar que la interferencia parental vulnera el derecho del NNA a relacionarse con todos los integrantes de su familia. Por otra parte, los magistrados y secretarios judiciales entrevistados señalan en forma unánime que la interferencia parental vulnera el derecho a vivir en familia. Se ha identificado 66 casos de interferencia parental en las demandas presentadas en los procesos de tenencia, régimen de visitas y variación de régimen de visitas tramitados en los juzgados de familia de Tacna. Estos casos se han podido determinar por los informes multidisciplinarios emitidos por los profesionales psicólogos y trabajadores sociales, quienes luego de una evaluación a las partes involucradas y al menor o menores afectados, han concluido que se ha producido conductas compatibles con interferencia parental.